Afganistán, un país en estado de coma irreversible
Kabul, 15 de agosto de 2011
Cuando está a punto de cumplirse el décimo aniversario de la guerra, con la mirada puesta en el calendario de retirada de las tropas extranjeras que concluirá en 2014, los afganos tienen que hacer frente a nuevos desafíos que nada tienen que ver con la insurgencia, los atentados suicidas o el conflicto armado.
Afganistán es un país enfermo, que se desangra lentamente, y corre el peligro de entrar en un estado de coma irreversible. Desde 2001 la comunidad internacional ha donado unos 23 billones de dólares en ayuda al desarrollo a las arcas del Estado afgano, pero más del sesenta por ciento del país carece de agua potable para consumo humando, o lo que es lo mismo 16.8 millones de hombres, mujeres y niños, no pueden beber agua sin correr el riesgo a contraer enfermedades o morir a causa de ellas.
El dato es tan alarmante que Kabul, con cinco millones de habitantes, podría quedarse sin agua potable en una década. Sin embargo, el Gobierno afgano permanece indiferente ante esta realidad que se cobra miles de vidas al año.
El principal problema de la contaminación del agua es la cantidad de toneladas de basura que se tira de forma incontrolada a los lagos y ríos. Esa misma agua es la que sale de las fuentes de la capital y de la que beben millones de personas. No hay que irse muy lejos para ver esta estampa desoladora. En el centro de Kabul, el pestilente olor de los ríos y canales enseña esta realidad.
Junto al corazón comercial de la ciudad, en las laderas de las montañas, sus vecinos no tienen acceso al agua potable y bajan con burros o carros para cargar los bidones en fuentes públicas.
Miles de niños enferman por el agua y centenares de ellos mueren cada año por falta de tratamiento médico. El hospital infantil Indira Gandhi es quizás el recordatorio más triste de está oscura realidad. La sanidad afgana carece de todo menos de enfermos y médicos resignados que miran impotentes cómo sus pacientes agonizan a la espera de unos medicamentos que nunca llegan. En Afganistán, el acceso a los hospitales es totalmente gratuito, pero deben de ser las familias las que adquieran las medicinas para que los médicos puedan tratar a sus hijos.
En un país donde el 70 por ciento de la población sobrevive con menos de cuatro dólares diarios les es imposible invertir parte de ese dinero en comprar medicinas. Por eso, los datos sobre mortalidad infantil en Afganistán hielan la sangre: 150 de cada mil niños mueren antes de cumplir los cinco años y los que sobreviven no les depara un futuro mejor.
Las calles de Kabul están abarrotadas de niños harapientos y mal alimentados que asaltan a conductores y viandantes con un bote de hojalata agujereado y les rocían con humo de incienso a cambio de par de euros al día. Naciones Unidad calcula que en Afganistán hay más de 600.000 niños de la calle que no tienen la posibilidad de ir a la escuela porque sus familias necesitan los ingresos. Esta situación deja en papel mojado cualquier excusa de porqué el dinero de los países donantes se destina a la maquinaria de guerra y no a la educación de los menores que vagan por las calles de Kabul o de cualquier otra remota ciudad del país.
Otra complicación que se suma al oscuro panorama de Afganistán es la de los oasis del opio. Auténticos vergeles de amapolas brotan en los campos de las conflictivas provincias sureñas del país. Helmand esta considerada como la mayor fábrica de opio de Afganistán, especialmente el distrito de Musa Qa’lah, donde los granjeros dedican tres partes de su tierra a plantar adormidera mientras la restante la destinan al trigo.
Sorprende oír por boca de un militar extranjero que la misión de la OTAN “no es la erradicar la adormidera sino la de proporcionar seguridad a los civiles afganos; la Policía afgana es quien se tiene que encargar de la lucha contra el opio”.
Si se tiene en cuenta que un policía afgano cobra 100 dólares mensuales, con todo ese opio dormitando en los campos se hace difícil pensar que los señores de la droga no los sobornen para que sus cultivos no sean arrasados.
Según un informe de la DEA (Agencia Antidroga de Estados Unidos), los beneficios obtenidos por la insurgencia rondan los dos millones de dólares anuales. Los talibanes sacan el mayor beneficio a través de un impuesto revolucionario que cobran a los campesinos (cerca del 40% del total de la venta del opio) y que les reportó 1.300.000 de dólares en 2010.
